Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras

Esta semana hemos asistido a un interesante debate acerca del derecho al olvido cuyo primer acto ha recuperado indirectamente en los medios la figura del poeta y dramaturgo Miguel Hernández. Y digo indirectamente, porque la atención se ha centrado más en su final y en el consejo de guerra que condujo a su condena a muerte, que en la vida y obra del autor alicantino. Aunque dicho sea de paso, también ha servido para refrescar alguno de sus versos, sus obras teatrales -como el título de este post- y su trayectoria vital.

Lo bueno de no ser un influencer ni pretenderlo, es que uno no responde a más intereses que el placer de compartir pensamientos y sensaciones sobre los temas que le interesan. Eso da una enorme libertad para expresarse y te libra de las ataduras del postureo digital que impone seguir una determinada tendencia o trabajar para una marca -aunque sea la propia-

En este caso, la noticia publicada estos días (ver noticia aquí) me hizo pensar acerca de dónde terminan los límites del derecho al olvido y dónde empieza el derecho a la memoria.

Todo comenzó porque el hijo de uno de los participantes en el consejo de guerra que condenó a muerte a Miguel Hernández en 1940, cuya pena fue conmutada posteriormente por 30 años de cárcel, ha solicitado la eliminación de todo rastro del nombre de su padre en los resultados de búsqueda de diferentes publicaciones académicas de la Universidad de Alicante. En concreto, dos artículos digitales firmados por Juan Antonio Ríos Carratalá (Catedrático de Literatura en la UA) En dichos estudios, se menciona el nombre del alférez que participó como secretario durante el proceso, cuyo nombre no reproduzco aquí porque no veo realmente dónde está el interés de hacerlo -salvo el exclusivamente historiográfico- y siempre podrá consultarse en los cientos de miles de impactos en redes sociales que la noticia ha desatado gracias al conocido como –> “efecto Streisand”

El solicitante argumenta acerca del tratamiento dado a su padre haber “constatado falsedades respecto a cómo era su forma de ser y actuar, de cómo fue su vida… Lo presentan como verdugo y fue una víctima más”. La UA ha respondido a esta solicitud eliminando (en realidad, desindexando) cautelarmente el nombre del interesado de los motores de búsqueda, consignando únicamente sus iniciales en la versión digital del texto escrito por Rios Carratalá, el cual ha manifestado que su interés era puramente académico dentro de una investigación acerca del funcionamiento del Juzgado Especial de Prensa entre 1939 y 1943.

El resultado ha sido que el nombre de este -hasta ahora- perfecto desconocido, ha pasado a convertirse en poco menos que trending topic en menos de una semana, multiplicando exponencialmente su presencia digital en todos los rincones de la nube y provocando justo el efecto contrario al buscado por su hijo. Algo que ya es materialmente imposible controlar ni cursando 100 demandas judiciales.

Se ha hablado de que esto cambiará a partir de ahora el oficio de historiador, de que se limita la libertad de expresión del investigador o que el derecho a la memoria debe prevalecer sobre el derecho al olvido. Yo pienso que nada de eso está en riesgo por este caso, pero sorprende la enorme promiscuidad -y a veces impunidad- que muestra la red hacia cualquier intento de eliminar información que ya le pertenece. Es su mayor virtud y probablemente su mayor defecto (como ya abordé hace algunos años en el post –> La verdad de las cosas) y eso nos ha situado ante el reto de dar un paso más allá en nuestra forma de relacionarnos con la información. Fenómenos como las fake news o el más reciente deepfake son tan sólo la punta de un iceberg que, como ha demostrado esta noticia, está removiendo principios que hasta ahora considerábamos inalterables.